La ley permite que 5 ediles (1 alcalde, 3 concejales y 1 consejero delegado) impongan su voluntad a 22; permite que un municipio de más de 120.000 personas sea gobernado por 5 políticos designados por uno de ellos: el alcalde; permite que un ente llamado Junta de Gobierno tome decisiones al margen de ese otro ente llamado Pleno, que es donde se reúnen todos los representantes electos y, por tanto, es el órgano más representativo de la voluntad popular. ¡Esta es nuestra democracia real!
Mediante este sistema, se ejecutan despidos, se imponen condiciones laborales leoninas a los empleados públicos, se modifica el convenio colectivo, se incumplen acuerdos firmados, se contrata personal eventual sin control, se privatizan servicios, se agravia a los vecinos según su afiliación política... En definitiva, se gobierna con absoluta impunidad. Y eso no puede ser.
El acceso de IU al gobierno y la posterior ruptura del pacto debería haber servido para poner remedio a todo esto, sin embargo no hay cambios o, por lo menos, no hay cambios esperanzadores. Ni los habrá, me temo, a no ser que los partidos de la oposición adopten medidas contundentes. La bancarrota municipal, los despidos revocados en Pleno, las decisiones unilaterales del equipo de gobierno socialista, la invariablemente mala gestión de los recursos económicos y humanos, hacen necesario un paso más adelante para forzar al PSOE local a rectificar su manera de gobernar.
Y solo se me ocurre un modo de hacerlo: devolver al Pleno su carácter decisorio.
Y solo se me ocurre un modo de hacerlo: la alianza de todos los partidos de la oposición para establecer un gobierno de concentración. Porque, a mi juicio, no se trata de ideología, sino de responsabilidad... y urgencia.
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